Desde el movimiento 15M se exige transparencia a las administraciones. El nombre y apellido de esta reinvidicación es la Ley de Acceso a la Información Pública, un mecanismo que permite al ciudadano saber cómo, cuándo y dónde se gasta su dinero. Con esta ley, la Administración tiene la obligación de contestar las peticiones de información de los ciudadanos y de publicar, de una manera clara, sencilla y accesible, todos los datos que son propiedad de todos. Tenemos derecho a saber.

Video realizado por integrantes de la Comisión de Audiovisuales del Movimiento 15M Madrid: Olga Iáñez, Maite Vitoria, Ivan Martínez y Rafael Medrano.

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Desde el comienzo de los tiempos el ser humano se ha empeñado en poner trabas y cortapisas a la información que otros seres humanos podían conocer o no. El control de la información ha sido siempre un arma que los más poderosos ha usado para impedir que otros accedieran al conocimiento. Hasta la irrupción de la imprenta que universaliza el conocimiento y hace accesible la cultura, la información y el conocimiento a todos.

Pero ya, entrado el siglo XXI, y en una sociedad que se califica a si misma de moderna o del primer mundo es inconcebible que cualquier ciudadano no pueda saber en qué se emplea su dinero, si la residencia donde va a ingresar a su madre tiene conflictos con la Administración o cómo se ha elegido el color del suelo de esa nueva plaza pagada con sus impuestos. En cualquier país "civilizado", Dinamarca, Suecia, Noruega, Estados Unidos y un largo etcétera esta información es accesible. En países como Alemania uno puede consultar si su nombre fue investigado e incluso pedir la ficha elaborada por la Stasi, la antigua policía secreta de la Alemania del Este. En España no se puede tener esta información, quizás sólo una hoja que confirme la limpieza de nuestros antecedentes penales... Muchos ciudadanos no querrán saber todo de todos, ni siquiera se molestarán en ir a pedir cierta información directamente, pero para los periodistas este acceso a la información es una herramienta muy útil que usaríamos para hacer llegar los datos de relevancia a la ciudadanía. Recuerdo no hace más de dos años, cuando acudí a la mesa del Senado para conocer la declaración de segundas actividades de un senador y fui sometido a poco menos que un interrogatorio de tercer grado. Finalmente, y después de "pegarme" con la mitad del gabinete de Prensa del Senado que me preguntaban "para qué" quería esa información, obtuve la declaración de segundas actividades del senador. 20 días después de haberlo pedido.

Cierto es que durante gran parte del pasado siglo vivimos bajo una dictadura en la que nadie preguntaba nada por miedo a la represión y que los funcionarios eran semidioses que administraban e impartían esa información a su gusto o a cambio de prebendas. Aquellos días tienen que acabar ya. Los españoles queremos saber cuántos coches oficiales tiene nuestro gobierno, el número de asesores de nuestro alcalde o la declaración de la renta de nuestros concejales. Insisto, aquellos tiempos han cambiado. Necesitamos que, primero se cumpla la ley que ya existe, como la de presentar la declaración de bienes de nuestros cargos electos. Creo que si Obama puede hacerlo nuestros políticos también. Es necesario dar un paso adelante y exigir a nuestros legisladores una ley de Acceso Público a la Información para demostrar que realmente esto es una democracia real.

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